Mientras que más de 18.000 niños esperan que se desarrolle la ley para ser adoptados, la asociación Familias de Colores denuncia la “paradoja y la vergüenza” de que haya 33.000 familias en espera. De las múltiples cuestiones que el bastante inoperante Gobierno de España tiene pendientes, la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que se publicó hace una año (Ley 26/2015, de 28 de julio) no se ha desarrollado. El legislador se marcó un “Preámbulo” de 9000 palabras en un texto apretado de más de 15 folios para justificar el texto, estilo bastante insólito para una “modificación”. Con la excusa de adaptarse a acuerdos, convenios y disposiciones internacionales, en un recurrente ejercicio de recentralización, pretende crear un marco legal que comprenda todo el estado en aras de una “igualdad” supuestamente necesaria. El texto topa con la legislación y competencias de varias, por no decir casi todas, las Comunidades Autónomas, sobre las cuestiones de la adopción, ampliamente desarrolladas en algunas de ellas y de mejor y mayor eficacia, especialmente por estar más centradas en las situaciones locales específicas. Si alguna virtud tiene la administración del estado de las autonomías español, consagrado por esa constitución que no aprobaron todos y que aparece cuestionada cada dos por tres, es la de aproximar la administración a los administrados. En una materia tan sensible, que afecta niños y familias, como es la custodia y la adopción, la especificidad de los condicionantes sociales, culturales y, también económicos, deberia permitir a que la gestión y las decisiones tuviesen la proximidad y la sensibilidad necesarias para evitar retrasos y errores. La composición social y los recursos son notablemente diferentes en las Comunidades Autónomas. No hace falta entrar en detalles ni provocar sentimientos políticos sino, simplemente, tener en cuenta que entre comunidades como la de Madrid, o la de Cataluña, fuertemente urbanas y populosas y las comunidades periféricas como las insulares o las que tienen menos población y más dispersa, hay diferencias más que notables. Cualquier connotación de “ley del embudo” sólo perjudicará a los niños y a sus familias. Ni siquiera la consideración “estatal” de la adopción transacional, por lo que se refiere a la condicion de ciudadanos que adquieren los niños adoptados de otros paises, sirve para justificar “centralizaciones”.
En cualquier caso la falta del necesario desarrollo administrativo de la mencionada ley 26/2015 no ayuda nada. Y la lamentable situación política de desgobierno com más de 200 dias con el ejecutivo “en funciones”, todavía menos. Y los niños siguen inexorablemente creciendo en ámbitos extrafamiliares en los que la mejor de las voluntades y las más exquisita organización no deja de quedar muy corta para lo que es deseable para cualquier niño. Y más para los que sufren situaciones de desproteción, abandono u orfandad.
La plataforma Change.org ofrece una petición de firmas dirigida a los políticos, promovida por Susana Morales.
A ver si espabilamos unos y otros.
X. Allué (Editor)
